ANÁLISIS, PROYECCIONES Y PROPUESTA.
Por. Dr. Carlos A. Dávila Rojas*
Los graves problemas de gobernabilidad y gestión, en la Municipalidad Provincial del Cusco (Perú), constituyen un nítido reflejo de la crisis que atraviesa nuestra actual representación e institucionalidad política; que viene desvalorizando el gran referente nacional de la historia política cusqueña. La vacancia de la ex alcaldesa y los dos siguientes designados –por incurrir en nepotismo-, comprueba los objetivos “rentistas” de los burócratas (gobernantes y/o funcionarios públicos). Muchos creen que éstos, maximizan el interés y bienestar ciudadano; sin embargo, dada la naturaleza humana no altruista y el natural proceder racional de los individuos, lo que –los burócratas- internalizan y maximizan son sus rentas (beneficios económicos y políticos); asociados al uso exclusivo del poder. Las rentas pueden ser legales e ilegales. Las legales, constituyen un conjunto de beneficios maximizados; como son: sueldos o dietas tope; confort en servicios de comunicación y transporte; viajes, viáticos, servicios mediáticos de imagen personal; etc. Normalmente, esos gastos están presupuestados y, por aprovechamiento, es difícil que el burócrata enfrente problemas judiciales. El prestigio ganado, las lealtades y pleitesías recibidas; y la búsqueda de votos son, también, rentas legales. En cambio; las rentas ilegales, son un conjunto de beneficios que el burócrata gestiona, tales como: comisiones por obras y adquisiciones; planilla fantasma; oportunidades laborales a familiares; desvió o apropiación de bienes y/o servicios para fines privados; etc.; que por ser ilícitos son causales de denuncias judiciales. De manera clásica, el Estado se ha creado como entidad de servicio para garantizar la vida, cohesión e identidad social. Su institucionalidad, debe posibilitar una conducta socialmente deseable de los individuos y gestionar con eficacia y eficiencia un conjunto de servicios que, de manera individual, los agentes económicos no lo obtendrían en las cantidades socialmente óptimas. Para que las instituciones públicas logren su objetivo se espera que los burócratas ciñan su conducta a la obtención de los objetivos institucionales, realizando una labor de servicio social en base a una ética pública. Dado el carácter rentista del burócrata se ha hecho necesario controlar su desempeño; a través de sistemas administrativos de observancia obligatoria, asociados a políticas y procesos de supervisión y control. La actuación creíble y predecible del Poder Judicial y la Contraloría General son vitales. Todas las formas de accountability, la función fiscalizadora de la sociedad y la prensa independiente. Igualmente, es crucial la formación democrática y en ética pública de los burócratas. El Estado y la política son, esencialmente, servicio público. Sin embargo, cuando las personas que acceden a los cargos públicos priorizan la captura de rentas significa ausencia de ética pública y pérdida de eficacia institucional; con nulos o bajos impactos en el progreso social. En un escenario democrático, los aspirantes al servicio y representación pública, deben formarse en el arte de gobernar al interior de los partidos políticos. Se espera que, como parte de su formación, desarrollen una ética pública y programática (visión de progreso) para lograr alta eficacia e impactos, de la gestión pública, en el desarrollo. En nuestro país, la institucionalidad de los partidos políticos es muy débil y está en crisis; especialmente a nivel distrital, provincial y regional. Salvo el Partido Aprista, los demás Partidos Políticos no tienen una vida política permanente; y, casi todos, no son escuelas de gobierno para sus afiliados. Normalmente, participan en procesos electorales presidenciales; sin embargo, no tienen la capacidad de cubrir los espacios de disputa electoral local y regional. Debido a esto, ya se ha hecho tradicional el surgimiento de los out sider de la política; asociados a la conformación de agrupaciones electorales con poca o nula cohesión política y programática. Aunque la actual Ley de Partidos Políticos los obliga a cumplir ciertos requisitos organizativos y programáticos, éstos son más formales que reales. Cuando éstas agrupaciones asumen la conducción de los gobiernos; los procesos de gestión, especialmente local y regional, son ineficaces y se desarrollan en contextos de ingobernabilidad. Los enfrentamientos entre alcaldes y presidentes regionales con sus regidores y consejeros, respectivamente; las renuncias y expulsiones; los procesos de vacancia y denuncias judiciales; etc., asociados a capturas de rentas ilegales y una baja capacidad democrática de concertación; son el fiel reflejo de la crisis moral y política de estos gobernantes y sus agrupaciones. En el contexto explicado, se está generalizando una perversa tradición de comportamientos estratégicos de muchos candidatos; que, luego de asegurarse integrar una lista y ganar las elecciones, empiezan a impulsar vacancias del titular, esperando reemplazarlo. En tal estrategia, hasta quienes van de relleno en las listas electorales, tienen esperanzas de acceder al cargo y juegan -al todo vale- en esa perspectiva. Para evitar deslealtades y erradicar estas perversas conductas, las agrupaciones están obligadas a presentar una mayor cohesión política y programática de sus listas electorales; solo así, podrían garantizar adecuados grados de gobernabilidad y calidad de sus posibles gestiones. En términos de alternativas de solución estructural, a las crisis analizadas, el impulso a la Reforma del Estado y la construcción de una renovada, moderna y democrática institucionalidad política podrían transformar, a los actuales burócratas rentistas, en creadores de valor público.
Sobre el carácter de la nueva gestión.
La asunción, del Econ. Luis Flores G. como Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco y el carácter que debe tener su gestión edil, viene generando debate en medio de una pérdida de interés público y de credibilidad de nuestra clase política local. Aunque en 20 meses se puede desarrollar un estilo y logros de gestión; hay factores que no lo auguran; pese a las calidades personales del nuevo Alcalde. Conformar una coalición –con todos los regidores- tras una agenda local, no es fácil lograr. Dado que una buena gestión edil proyectaría, a Luis Flores, como un nuevo líder político; es difícil que los Regidores de la oposición -bastante expertos en política- se presten a ello. El debate, la fiscalización y las denuncias seguirán siendo las formas básicas de sus actuaciones personales y políticas. Igualmente, la conducta de los tres nuevos Regidores -que se integran al cuerpo edil- es probable que sea de oposición; más aún, si revelan niveles de lealtad a la ex alcaldesa. Si el nuevo alcalde intenta plasmar un liderazgo fuerte, por encima de los facciones ediles y sin concertación, será difícil hacerlo sostenible. Si, al igual que Mariano Baca, debe compartir el poder con todos los regidores, habrá lentitud en la toma de decisiones; siendo percibido como continuista; sin proyección ni visión programática definida. Igualmente, no será fácil dotarse de un cuerpo eficiente y transparente de nuevos funcionarios municipales si no hay una fracción municipal de apoyo y acuerdos políticos consensuados. Tampoco es creíble que UPP tenga la capacidad de sostener políticamente la nueva gestión; dada la crisis que atraviesa. Si, al contexto anterior, sumamos la disminución de los recursos municipales y la fuerte presión política; asociado al clima electoral que ya se hace intenso; no sería correcto que –el nuevo Alcalde- ofrezca desarrollar una gestión edil, propiamente dicha. Para darle realismo, viabilidad política y aislar –a la gestión- de las presiones actuales, se podría anunciar una transparente gestión de transición; de moralización, normalización administrativa y reactivación de ciertos servicios básicos; asociados al impulso de determinadas obras públicas. Si, además, se coadyuva -desde la Municipalidad- el debate político que apuntale información y propuestas programáticas para mejorar las futuras gestiones ediles; ello, podría añadirle algún valor político; a esa gestión de transición.