DEMOCRACIA: ¿REPRESENTATIVA O DIRECTA?
Por: Dr. Carlos A. Dávila Rojas*
Los sincronizados y desestabilizadores movimientos sociales de estos últimos tiempos en el Perú, debemos analizarlos en el contexto del debate sobre el carácter de la representación política en nuestra democracia. Hay quienes sostienen que la democracia representativa ha fracasado; o, al menos, está en crisis y que, alternativamente, debe ser reemplazada por la democracia directa. Desde hace, por lo menos, dos siglos; las raíces de los sistemas políticos de representación se encuentran garantizados en los regímenes constitucionales de los Estados Modernos. Luego de la creación de los Estados; con poder coercitivo, para garantizar la paz y la vida en sociedad, cual un contrato para salir del permanente “estado de guerra” en que, naturalmente, se encontraban los hombres; los sistemas representativos de gestión del Gobierno expresan el desarrollo y la maduración de sus sociedades modernas. El derecho natural del hombre a la libertad y la crítica al Estado absolutista, fueron el preludio para establecer los sistemas políticos representativos como el mejor mecanismo para gestionar el Estado. Aunque a lo largo de la construcción de la democracia representativa el ejercicio del voto fue elitista, excluyente o limitador; se ha avanzado al derecho universal al voto, para elegir la representación -de preferencia parlamentario- en base a la soberanía popular delegada al Poder Congresal y dividiendo las funciones del estado en: legislativas, ejecutivas y judiciales; asociado al pleno ejercicio de las libertades ciudadanas. Sin embargo, aunque los procesos de construcción democráticos son desiguales y asimétricos; en los diversos países; especialmente en vías de desarrollo, con democracia liberal y sistema de representación, se observan procesos de crisis de legitimidad que se expresa en: la abstención electoral, la apatía y poca participación político-social y en los bajos niveles de afiliación (político) partidaria. Las causas principales, de tales crisis, residen en los Partidos Políticos por su burocratización dirigencial y de representación; la falta de control de los electores y/o del partido sobre los electos; el rentismo y la falta de coherencia entre el programa electoral y la práctica de los electos; el transfuguismo partidario sin pérdida del mandato; etc. Los problemas mencionados, son mas visibles en aquellos países sin adecuada institucionalidad para sus agrupaciones políticas. En nuestro país, es visible la crisis de los partidos políticos; asociado a la falta de una implementación adecuada de la Ley de Partidos Políticos; especialmente en lo referente a los mecanismos democráticos de definición de dirigentes y candidatos y en el tema de la transparencia del origen y aplicación de sus recursos económicos y patrimonio. La forma como se ha venido resolviendo, la crisis de representación política, ha sido y es aun vía el surgimiento de out siders en los procesos electorales. Aunque, los out siders irrumpen en la escena política; se han mantenido en los marcos del sistema democrático representativo; pese a sus débiles estructuras de apoyo social. Para que funcione el sistema democrático, se necesita que la clase política nacional (especialmente los representantes y partidos políticos) desarrollen servicios de educación, dirección y representación de la sociedad civil (pueblo); evitando que, en la interacción política y solución de problemas, exista una relación directa Pueblo- Estado (Poder Ejecutivo). En nuestro sistema democrático, la legalidad y el gobierno nacen de procesos electorales que reflejan la voluntad popular; en los marcos de nuestra Constitución Política y sus mecanismos de reforma; se ejercen a través de la representación política que a nivel nacional reside en el Presidente de la República y los Congresistas; a nivel regional, en los Presidentes y Consejeros Regionales y a nivel local; la representación recae en los Alcaldes y Regidores. En el contexto de las dificultades mencionadas, nuestra democracia representativa, ha empezado a ser subvertida, a partir de una ofensiva ideológica que impulsa un proyecto político de “democracia directa”. Ante la ausencia e incapacidad de los partidos políticos (especialmente democráticos) de lograr la intermediación entre pueblo y Estado, varias agrupaciones políticas y ONGs (mayoritariamente de izquierda y antisistema) han capturado la representación de organizaciones sindicales y populares y desarrollan formas directas de relación con el Estado; en el planteamiento y atención de sus problemas. Una división del trabajo político y de bases de años, bien financiado desde el exterior y en base a trabajo político y dirigencial remunerado, estaría a la base de este peligroso fenómeno. El, denominado, proceso de democracia directa; intenta reemplazar a nuestra democracia representativa -muy distinta a la democracia participativa- e intentan discutir y cambiar nuestra agenda política y económica constitucional. Este fenómeno, denominado como “antisistema”; por un lado, busca cambiar el modelo económico de mercado por uno dirigiste y estatista; y por otro, busca reemplazar el proceso electoral y autoridades electas por mecanismos corporativos de representación sindical y gremial.
Según la democracia directa, se trata de discutir los problemas y soluciones del país, no a través de las instancias de representación popular y las instituciones creadas legal y constitucionalmente; sino a través de negociaciones entre el Estado y las cúpulas sindicales y poblacionales, que pretenden representar a la población, en todo y para todo tema o problemática. Ej. Una determinada Ley, no debe gestarse y aprobarse en el Congreso de la República, con el aporte (democracia participativa) de los actores involucrados; sino debe hacerse coordinando con las cúpulas de la CGTP, el SUTEP, los dirigentes campesinos, etc. La petición de los Nativos para derogar el DL 1090, y de los campesinos de Andahuaylas y Canchis para que se derogue la Ley de la Carrera Magisterial, son solo sub productos de esta concepción de democracia directa. Muchas ONGs (no fiscalizadas) y las actuales cúpulas sindicales y poblacionales (digitadas, burocratizadas y altamente politizadas) pretenden erigirse en los verdaderos representantes de la población, en reemplazo de nuestras autoridades nacionales, regionales y locales, democráticamente electos en procesos electorales y que tienen como base la alternancia, la revocatoria y el control (legal, político y social). A partir de la experiencia de Chávez en Venezuela y –últimamente- de Evo Morales en Bolivia; los partidarios de la democracia directa han puesto en la mira la captura del Gobierno en el Perú. Para esto, utilizan una combinación de la experiencia venezolana y boliviana. Trataran de llegar vía elecciones - al estilo Chávez- en Venezuela; o, vía la violencia y crisis política y social; presionando la renuncia de los gobernantes y elecciones anticipadas, como Evo Morales en Bolivia. La primera estrategia ya la jugaron con Ollanta Humala el 2006 y fracasaron; y parece que será difícil que lo consigan en el 2011. Es la segunda vía -al estilo boliviano- lo que despliegan actualmente. Esta estrategia, privilegia métodos violentos de insurgencia popular y requiere una alta cuota de vidas humanas para denunciar al Estado como genocida y posteriormente generar crisis política, renuncia de los gobernantes y elecciones anticipadas. Una vez capturado el gobierno, vendrá el desmontaje y transformación del sistema democrático representativo y la economía de mercado; cambiaran la Constitución –vía referéndums fraudulentos- y luego instauran el sistema de representación política directa de corte corporativo. Posteriormente, se recortarán y anularán las libertades ciudadanas (opinión, organización política, etc.). Esta vía, solo lleva a un futuro impredecible de empobrecimiento del país, inflación, división y odio social. En el escenario descrito, la respuesta del gobierno a las consecuencias políticas de la masacre de Bagua (22 policías degollados y 10 nativos muertos) esta fortaleciendo el proyecto político subversivo. La derogatoria de los DL 1090 y 1064, por “inconsultos”, abre el camino a posteriores conflictos sociales, peticionado derogatorias de otras normas “inconsultas”; los publicitados “diálogos directos entre el gobierno y la población” del –aún- Primer Ministro Yehude Simons, dejando de lado a las verdaderas autoridades, vienen dando fuerza y reconocimiento, en temas nacionales, a las organizaciones de democracia directa. En base a estas actitudes del Gobierno, hay una ofensiva nacional programada de los sectores políticos antisistema, que aspiran lograr una gran crisis política y obligue a renuncias y elecciones anticipadas. En este contexto; ya es visible una preocupante ruptura de alianzas de nuestra representación política democrática, en el Congreso. Según el Presidente Alan García, la legitimidad que empezó a dar a los movimientos sociales antisistema permitirá salvar objetivos mayores, como “salvar al Perú de la crisis mundial (haciendo que afecte lo menos posible a los pobres) y la continuidad del trabajo de construir carreteras, puertos, hospitales, agua potable, electrificación y otras obras sociales que le den empleo a otros peruanos”. Esperemos que no este pecando de ingenuidad y debilitando nuestro sistema económico y político, relativizando y haciéndole el juego a la ofensiva antisistema. Los partidos políticos democráticos deben dar la batalla y respuesta a la actual ofensiva antistema, con una mayor eficacia en la acción, representación y organización política; es visible la necesidad de una mayor autoridad y legitimidad en la gestión pública y gobernabilidad del Estado; necesitamos dar el debate, en el plano político y en defensa de la democracia, al antidemocrático sistema de representación directa. Si logramos evitar que, antes de las elecciones de abril del 2011, el país se involucre en una grave crisis política; se espera que las elecciones, de esa fecha, constituya la batalla final en defensa de nuestro sistema, las instituciones constitucionales y la ratificación del difícil camino hacia el progreso en libertad.